Derecho a la información y autoprotección
Las administraciones públicas tienen
la obligación de informar a sus ciudadanos respecto los riesgos graves a los
que están expuestos y las emergencias que les puedan afectar y especialmente de
cómo actuar para protegerse. Dicha obligación no solo deriva de las previsiones
normativas en materia de protección civil sino también del hecho indiscutible de
que esta información salva vidas. Un ciudadano conocedor de las emergencias que
le pueden afectar y de las medidas de autoprotección que deberá tomar en cada
caso, es un ciudadano más protegido y por lo tanto más seguro que a su vez contribuye
a mejorar la seguridad de su entorno.
Estas acciones de sensibilización a
los ciudadanos por parte de los servicios de protección civil de las diferentes
administraciones públicas competentes se han reforzado sustancialmente en los
últimos años debido a dos factores principales:
- La previsión en diferentes leyes de protección civil del derecho de los ciudadanos a ser informados, partiendo de la legislación autonómica más pionera, como el caso de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Catalunya (artículo 4), y culminando recientemente con la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (artículo 6).
- La explosión de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y especialmente a partir de la universalización del acceso a internet, la aparición y crecimiento fulgurante de las redes sociales y el advenimiento de los teléfonos móviles y sus conocidas App.
La paradoja del exceso de información como factor de inseguridad
Es en este contexto en el que aparece
la posible paradoja del exceso de información como factor de inseguridad en el
ámbito de los riesgos graves y las emergencias. Este exceso de información en
general y especialmente en las redes sociales se conoce como “infoxicación”, es
decir, información tóxica o intoxicación por exceso de información.
Recién estrenado el siglo XXI pocos
hubiéramos imaginado que 15 años después nos encontraríamos con la necesidad de
analizar si existe un exceso de información al ciudadano en la materia de protección
civil. Entonces el debate era el contrario: ¿Cómo abrir la información de los
riesgos graves y las emergencias al ciudadano? Incluso
había quien se cuestionaba si realmente era necesario. Por suerte el debate se
resolvió a favor de la abertura informativa e incluso se ha avanzado un paso
más allá y actualmente el ciudadano ya no es un elemento pasivo al que
alimentamos desde las administraciones públicas de una información previamente seleccionada
sino que es un sujeto activo que decide los datos que son de su interés y cuestiona
las informaciones que recibe.
Es precisamente este ciudadano
activo el que detecta y hace aflorar la paradoja del exceso de información como
factor de inseguridad, es decir, quien en su papel activo y gracias a las redes
sociales muestra su queja respecto el exceso de información. Ciertamente, en el
momento actual existe un volumen excesivo de información sobre riesgos graves y
emergencias y que en muchas ocasiones no está procesada sino que simplemente se
publica con la esperanza de que el ciudadano la consuma lo que conlleva lo
siguiente:
- La información no procesada no está adaptada al objetivo que se persigue lo que supone que no es de fácil consumo y conlleva al desinterés del ciudadano.
- El exceso de información supone una trivialización de la materia de emergencias a la vez que desorienta al ciudadano ante el exceso de interlocutores y datos, lo que deriva finalmente en su incapacidad de percibir objetivamente el riesgo.
Ambas consecuencias anteriores llevan
a mayor inseguridad de los ciudadanos ya que no se alcanzará el conocimiento de
las medidas de autoprotección sino todo lo contrario: el ciudadano dejará de
percibir que es corresponsable de su seguridad ante los riesgos graves y las
emergencias.
Niveles de información: adaptación al receptor
Parece claro que el objetivo de unos
ciudadanos formados en autoprotección frente a riesgos graves y emergencias no
pasa porque las administraciones públicas lancen al ciberespacio el mayor número de información
y datos posibles relacionados con la materia, sino los esencialmente necesarios
para permitir a los ciudadanos entender porque y como debe actuar de forma
concreta para evitar quedar afectado.
Aquí reside la verdadera especialización de los servicios públicos de protección
civil, que deben ser capaces de
sintetizar todo el conocimiento técnico que gira entorno a los riesgos
graves y las emergencias y traducirlo en
mensajes e ideas que el ciudadano pueda digerir de la forma más efectiva
posible. Incluso, es necesario poder establecer diferentes niveles de información que faciliten al ciudadano
profundizar en el conocimiento de los riesgos graves y las emergencias a medida
que sean de su mayor interés. Igualmente, hay que poder diferenciar los
niveles de información en función de las responsabilidades del receptor.
Finalmente, nada tienen que ver
estas reflexiones con la necesidad de que los servicios públicos de protección
civil, los de autoprotección y el voluntariado de protección civil, los tres
pilares del sistema de protección civil, sean cada vez más conocedores de los
riesgos graves en el máximo detalle posible con iniciativas tecnológicas que
faciliten el acceso a esta información. En este caso el debate es otro muy
diferente: procesar la información para un acceso ágil en tiempo real. Algunas
iniciativas al respecto, muy prometedoras, ya están en marcha.
Nota: si te interesó, puedes leer la segunda parte de este post http://emergenciasproteccioncivil.blogspot.com/2016/05/a-vueltas-con-el-exceso-de-informacion.html
Nota: si te interesó, puedes leer la segunda parte de este post http://emergenciasproteccioncivil.blogspot.com/2016/05/a-vueltas-con-el-exceso-de-informacion.html